ACTA N° 04-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  minutos del  dieciséis de febrero del año dos mil cinco.

Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, Lic. Jorge Segura Román en representación del Ministerio Público, Lic. Francisco Segura, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo, a Licda. Marta Ijris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública, el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la Sra. Aida Sinclair Myers, Asistente Administrativa de la Escuela Judicial.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO I

Se aprueba el acta N°3-2005 del 9 de febrero de 2005.

ARTICULO II

La Máster Ingrid Bermúdez Vindas, Especialista en Métodos de Enseñanza y el Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial, en  oficio EJ-ACAD-018-2004 de fecha 18 de agosto de 2004  y EJ-ACAD-023-2004 de fecha 24 de setiembre de 2004 dicen:

“De acuerdo con lo solicitado le remitimos la siguiente propuesta:

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta de certificación de programas y cursos conjuga los aspectos pedagógicos (andragógicos) y los legales; y, además, considera la realidad de la Escuela Judicial. 

Es importante resaltar que la definición de estas políticas surge de una inquietud de Consejo Directivo por uniformar criterios, elevar los niveles de exigencia académica y formalizar aun más los procesos de capacitación que se desarrollan en la Escuela Judicial.

Estos criterios deberán adecuarse y flexibilizarse conforme el tiempo y las necesidades de la institución así lo indiquen, no obstante, su aplicación debe ser rigurosa mientras se encuentren vigentes y el Consejo Directivo de esta manera lo estipule.

Para la obtención de estos lineamientos se tomó como base la propuesta elaborada por la Dra. Ana Tristán Sánchez y la Licda. Ingrid Bermúdez Vindas aprobada por Consejo Directivo el 5 de noviembre de 2003, en la sesión n.º 18, artículo II. 

Además, se solicitó el criterio respecto del informe anterior a los(as) coordinadores(as) y la M.Sc. Sonia Méndez, especialista en educación y se tomaron decisiones basadas en el fundamento de la mayoría de los profesionales que emitieron recomendaciones.

Para efectos prácticos se ha subdividido la propuesta en cuatro apartados: tipos de certificados, modalidades de actividades académicas, requisitos para otorgar certificados de acuerdo con la modalidad y reglas generales para su otorgamiento.

1. Tipos de certificados

Los tres únicos tipos de certificados que se encuentran creados en la normativa del Poder Judicial son los siguientes:

-	Certificado de participación.
-	Certificado de aprovechamiento.
-	Certificado académico.

Sin embargo, para subsanar algunos aspectos relacionados con el reconocimiento a los(as) docentes externos(as) se crea una nueva figura:

-	Certificado de agradecimiento

Este tipo de certificado se otorgará a docentes externos del Poder Judicial. En el caso de los(as) docentes que pertenecen al Poder Judicial, podrán solicitar la certificación respectiva a la Secretaría de la Escuela, siempre y cuando corresponda a un número inferior de ocho horas y si es superior, podrán solicitar el certificado académico en el cual se indicará las actividades en que participó y el total de horas de docencia.

2. Modalidades de actividades académicas

Para efectos de certificación es necesario conceptualizar las diferentes modalidades académicas que se desarrollan en la Escuela Judicial. Se pueden distinguir cuatro tipos de actividades académicas:

•	Conferencia: consiste en una charla expositiva, o un conjunto de estas, y exige la presencia en el lugar en que se ofrece o en los sitios remotos (en caso de las videoconferencias).

•	Taller: este tipo de actividad académica se caracteriza por tratar de obtener del conocimiento y experiencia de los(as) participantes un producto en particular, orientados por el(la) facilitador(a) o un grupo de ellos. El taller tiene como característica fundamental, que los(as) participantes son quienes aportan su conocimiento para el logro de algún producto.  Generalmente en un taller quienes aportan sus conocimientos y experiencia son los(as) participantes y en menor medida el coordinador del taller (el facilitador) .

•	Seminario: es una técnica de trabajo en grupo para el estudio intensivo por parte de los(as) participantes de un tema en sesiones planificadas, utilizando para ello diversas fuentes de información: libros, sentencias, audiovisuales, estadísticas, etc. Su característica esencial es que los(as) participantes deben investigar los temas asignados por el facilitador, los cuales abarcan los contenidos del curso, utilizando diversos recursos puestos a su disposición o que deben ser localizados por los(as) participantes.  Al finalizar su investigación, deben presentar los resultados ante el resto del grupo.  En esta forma de capacitación, el facilitador tiene poca participación exponiendo los contenidos; su labor se centra en dar asesoría durante el proceso y al finalizar la tarea investigativa.

•	Curso: conjunto de contenidos temáticos que se imparten en una determinada materia.  Los cursos teórico-prácticos son aquellos que combinan teoría y práctica; están bajo la responsabilidad del facilitador quien se encarga de exponer los contenidos y realizar diversas actividades para el logro del aprendizaje deseado. 

•	Es importante hacer la diferenciación entre programas y cursos independientes.  Los programas están constituidos por cursos, pero tienen como característica la unidad e interdependencia entre ellos para provocar un cambio integral en aquellos quienes lo aprueben. Los cursos independientes son aquellos que no pertenecen a ningún programa; generalmente se incluyen en los planes de trabajo de las diferentes unidades de capacitación que forman parte de la Escuela Judicial.
      
3. Requisitos para otorgar certificados 

De conformidad con lo indicado, las condiciones para otorgar certificados de acuerdo con la actividad académica, serán las establecidas en el siguiente cuadro:

Tipo de certificado	Modalidad de actividad académica	Requisitos	Duración mínima	
Participación
	
- Conferencia	Sin diseño curricular, ni evaluación de los aprendizajes	8 horas mínimo de horas presenciales. 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular

Sin evaluación sumativa de los aprendizajes.

	16 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 

Aprovechamiento
	- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular 

Con evaluación sumativa de los aprendizajes

Se toman en cuenta las horas de planeamiento y trabajo intra y extraclase.	32 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 
Nota de aprobación mínima de 70. 	

Académico	

- Conferencia
	Se incluyen tanto las horas de duración de la charla, así como el tiempo dedicado al proceso de planificación. 	
8 horas mínimo 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso
	
Igualmente se cuantifican las horas de planeamiento y el tiempo extra e intraclase invertido. 		

4. Reglas generales para el otorgamiento de certificados

A continuación, se enuncia una serie de reglas generales para aplicar de mejor manera las políticas de certificación propuestas anteriormente.

a)	Los diseños curriculares, sistema de evaluación, criterios de cuantificación de horas intra y extraclase, tareas y pruebas evaluativas deberán ser aprobados por el(la) coordinador(a) de la actividad académica y con el visto bueno de la especialista en educación; en caso de presentarse desaveniencia se acudirá a la Dirección de la Escuela.

b)	Los(as) participantes que no aprueben una actividad académica de aprovechamiento no podrán recibir ningún tipo de certificado. Si su promedio es superior de 60 y menor de 70 tendrá derecho a una sola prueba extraordinaria. Para obtener un certificado de aprovechamiento de un programa se deben haber aprobado todos los cursos que este incluye.

c)	Los(as) participantes de una actividad académica de aprovechamiento o participación que no asistan a las clases presenciales, en el porcentaje mínimo permitido, no tendrán derecho a certificado y se reportará como reprobada. 

d)	El cálculo del reconocimiento de horas tanto para los(as) participantes como para el (la) docente deberá efectuarse mediante los siguientes criterios y tablas que favorecen el cálculo de horas. En caso de que el(la) especialista en contenido o docente se le otorgue permiso con goce de salario para las actividades académicas, no le serán reconocidas estas horas en el certificado.

Criterios para el cálculo de horas al(la) participante en las modalidades a distancia y presencial:

•	Tiempo presencial (cantidad de lecciones impartidas en sesiones presenciales o tutorías, en el caso de la modalidad a distancia).
•	Elaboración de tareas o proyectos extraclase: el profesor asigna un tiempo aproximado de acuerdo con el tipo de tareas, trabajos, entre otros, y la especialista en Educación verifica que sea el adecuado.
•	Tiempo destinado para la lectura: también dependerá de la cantidad de lecturas que obligatoriamente se asignen. Para calcular este tiempo existen tablas que determinan el promedio del tiempo que una persona adulta puede destinar para x cantidad de palabras o páginas (lo que se hace es un cálculo, una aproximación).
•	Tiempo de estudio para exámenes, pruebas cortas, etc.
•	Otros que se estimen pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas 
por ser reconocidas al(la) participante

CRITERIOS	
Número horas sesiones presenciales	Número horas tareas y proyectos extraclase	Número horas lectura obligatoria de textos	Número horas preparación para exámenes	Otros
(indicar)	TOTAL	

Los criterios para el cálculo de horas al(la) docente o tutor son los siguientes:

•	Tiempo presencial impartido.
•	Preparación de las lecciones.
•	Revisión de pruebas cortas, exámenes, trabajos extraclase (tareas, proyectos de investigación, etc.).  Para ello debe considerarse la cantidad de participantes previstos en el curso.
•	Tiempo para tutorías telefónicas o electrónicas (solo en el caso de la modalidad a distancia). También debe considerarse el número de participantes previsto.
•	Otros que se estime pertinentes.
Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la)facilitador(a) (curso presencial)

CRITERIOS	
Número horas impartidas	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Otros
(indicar)	TOTAL	

					

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la) tutor(a) (curso a distancia)

CRITERIOS	
Número horas tutoría presencial	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Número horas tutoría telefónica y electrónica	Otros
(indicar)	TOTAL	

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Oficio EJ-ACAD-023-2004 de fecha 24 de setiembre de 2004 dice:

“De acuerdo con lo solicitado, le exponemos las principales conclusiones de la reunión celebrada el día 23 de setiembre, para analizar el informe enviado mediante oficio EJ-ACAD-018 que elaboramos sobre las políticas de certificación.

Este informe fue aprobado en su totalidad salvo las consideraciones que a continuación se enuncian, las cuales es necesario se sometan a conocimiento de Consejo Directivo junto con el informe anteriormente citado.

Las consideraciones son las siguientes:

•	En caso de que el ciclo de las conferencias supere las ocho horas, se debe considerar la posibilidad de no obligar a los participantes a cumplir con el 100% de asistencia. Consejo Directivo debe determinar si continúa aplicando la regla establecida del 100% en  el caso de las conferencias o si cambia su política al respecto.

•	En caso de la horas mínimas establecidas para el otorgamiento de certificado en cualquier modalidad de actividad académica, se someterá a Consejo Directivo la decisión de certificar una actividad académica por menos horas de las establecidas. Para esto deberá tomar en cuenta los criterios técnicos fundamentados por (la) coordinador(a) y de la especialista en Educación asignados. 

•	Otorgar el certificado académico a los(as) facilitadores(as) por las horas correspondientes tomando en cuenta las tareas que implican la planificación y la ejecución de la actividad académica, haciendo la distinción de que no puede equipararse el reconocimiento en los casos en que se otorguen permisos con goce de salario para tales efectos; considerando lo anterior el(la) coordinador(a) y la especialista en Educación definirán las horas que se le reconocerán a los(as) facilitadores.

Para concluir es necesario que posteriormente a la aprobación de estas políticas por Consejo Directivo, se debe coordinar e informar al Departamento de Personal acerca de su implementación para la correcta aplicación y reconocimiento. Asimismo, emitir directrices a la Secretaría de la Escuela para que se extiendan constancias y certificaciones que no se contrapongan con las políticas de certificación establecidas.

Expresamos nuestra anuencia para aclarar cualquier aspecto de este informe.” 
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El Lic. Jorge Segura Román, hace las siguientes observaciones al documento  EJ-ACAD-018-2004:

1- Página  #4, último párrafo “… diferentes unidades de capacitación que forman parte de la Escuela Judicial”, manifiesta que la unidad de capacitación del  Ministerio Público no es una unidad de la Escuela Judicial ya que ellos están creados por ley  por lo que la frase anterior no es correcta.  Se recomienda agregar “ y aquellos cobijados por la ley de  la Escuela Judicial y que  tienen su propia ley”. 

2-Página #5. Cuadro, donde dice “tipo de certificados, modalidad de actividad académica, requisitos, duración mínima”,  se recomienda aclarar el destino de cada tipo de certificado, pues algunos son para los discentes y otros para los docentes.  En este cuadro  en forma expresa no se indica que el certificado académico es para docentes, facilitadores etc.  También falta en el cuadro el certificado de agradecimiento signado en la página 3, salvo que se entienda incluido en la referencia a los certificados académicos.

El Dr. Chirino dice que el cuadro se refiere solo a los discentes y no a los docentes y esa aclaración se puede plantear en el momento en que se analice el punto 3 de las consideraciones.

3-Página #6, punto b)  “para obtener un certificado de aprovechamiento de un programa se deben haber aprobado todos los cursos que este incluye.”, considera que eso no debe ser.  Se debe certificar los cursos y números de horas que haya aprobado dentro del plan de cursos del  programa.  Por ejemplo, ellos realizarán programas con fondos del PFMP-BID que incluye 5 cursos, sin embargo, habrá fiscales que no requieren llevar todos los 5  cursos, otros, no podrán llevarlos  todos, pero podrían llevar 3 ó 4, y no hay razón para que no se les certifique los cursos que lleven.

El Dr. Chirino dice que si se está hablando de un programa de formación inicial de fiscales, en donde no todos llevaran los cursos modulares que forman parte del programa, entonces esto debe estar en el diseño del curso modular e indicarse cuáles cursos se certificarán  y cuáles no y quienes tienen obligación de llevarlos todos.  Esto no obsta lo que se está señalando en el punto b, ya que se habla de los cursos generales modulares de la Escuela  como el de Auxiliares Judiciales.

4- Página #6, punto d)  “En caso de que el (la) especialista en contenido o docente se le otorgue permiso con goce de salario para las actividades académica, no le serán reconocidas estas horas en el certificado.”,  le parece que sí se le deben reconocer, sólo estamos de acuerdo en aquellos casos en que hayan sido contratados para tales tareas, o en el caso de los asistentes de la Escuela Judicial.

El Dr. Chirino dice que la idea es ampliarlo, tal vez no cubriendo a los funcionarios de la Escuela pero sí por lo menos los docentes que vienen de otras unidades y centros de interés del Poder Judicial que participan en nuestras actividades deberían de tener el reconocimiento de horas.

En el oficio EJ-ACAD-023-2004 en el antepenúltimo párrafo dice: “Para concluir…se debe coordinar e informar al Departamento de Personal acerca de su implementación para la correcta …,  sugiere que también debe comunicarse a las Unidades de Capacitación del Ministerio Público o la Defensa Pública, etc.

El Lic. Jorge Segura agrega que  con respecto al comentario realizado y transcrito en el acta N°3 página 9 que dice: “El Lic. Otto González y   la Máster Ingrid Bermúdez  mencionan que a los docentes  que el Consejo Superior les otorga permiso con goce de salario para que se dedique por completo a la preparación de un curso etc., no se les debe hacer ningún reconocimiento en carrera profesional y judicial, salvo el caso en que lo tiene como sobrecargo de sus funciones...”.   Manifiesta no estar de acuerdo por lo expresado  en el punto cuatro.  La situación de los docentes con permiso con goce de sueldo para que por un lapso de tiempo se dediquen a la docencia no es la misma situación de los asistentes/profesionales como Otto e Ingrid de la Escuela Judicial que fueron contratados para tales menesteres.

Asimismo hace el mismo comentario con respecto a la siguiente manifestación:  “El Lic. Otto González dice que solamente se les otorgaría una constancia  para efecto de presentar algún trámite o hacer constar su ausencia.”

La Mag. Calzada pregunta si los docentes están tiempo completo en la Escuela.

El Dr. Chirino dice que sí y que contamos con el caso de los jueces William Molinari, Héctor Amoretti  y Jorge Olasso que están permanentemente con la escuela  todo este año para que realicen la  elaboración de materiales y módulos e impartir los cursos, con el mismo salario de juez, por lo que  son considerados durante este año como parte del personal de la Escuela.   No sería el caso, por ejemplo, cuando se invita  a cualquier otro juez a impartir una conferencia o un curso donde sí se les reconoce las horas académicas.

Adiciona que esto es una decisión política importante que se debe tomar, pero que la voluntad manifestada por el Consejo Directivo se debe revelar en los reglamentos que están actualmente en vigencia, como el reglamento de carrera profesional y judicial que establecen puntos por  impartir capacitación en la Escuela Judicial,  al mismo tiempo no reconoce la posibilidad de certificar esas horas para quienes son contratados específicamente para estas tareas, entendiéndose específicamente solamente a personas que esporádicamente trabajan con la Escuela.

El Lic. Jorge Segura dice que estuvo pensando que si alguna de estas situaciones donde se le reconoce algún rubro donde sea materialmente o económicamente evaluable, como pago, eso  sería un doble pago para efecto de la Ley de Enriquecimiento ilícito.  Por lo que considera que no se podría hacer. 

La Mag.  Calzada dice que eso habría que estudiarlo más a fondo, pero le parece que eso sería similar a las anualidades y no un doble pago.

El Dr. Chirino dice que el caso es que si se podría entender en la medida en que no esté reconocido reglamentariamente, en este momento el punto de carrera profesional si significa una cantidad de dinero, pero se necesitan muchas horas de capacitación certificada para obtener ese reconocimiento.  Piensa que si no se certifica  esas horas académicas un docente de la Escuela que ha sacrificado parte de su tiempo, no tendría entonces ninguna ventaja en los procesos de selección para la Judicatura en caso de que quiera concursar para un mejor puesto judicial.

El Dr. Víctor Ardón dice que en la certificación de conferencias se propone certificar más de ocho horas, pero por ejemplo él para dar una conferencia de una hora, necesita por lo menos dos horas o más  para prepararla, entonces es injusto que si tiene que irse a preparar el tema ese tiempo no se le reconozca.

Luego en la  página # 3 del acta se menciona el certificado de agradecimiento y en cuanto a la  anotación al pie de página se debe agregar que también es un reconocimiento para los internos como se expresa en el párrafo primero.

 Donde dice: “Estos tipo de certificado se otorgará a docentes externos del Poder Judicial.  En caso de los (as) docentes que pertenecen al Poder Judicial, podrán solicitar la certificación respectiva a la Secretaría de la Escuela, siempre y cuando corresponda a un número inferior de ocho horas y si es superior, podrán solicitar el certificado académico en el cual se indicará las actividades en que participó y el total de horas de docencia.

En el párrafo anterior se habla de docentes que pertenecen al Poder Judicial, sugiere que se indique cuáles docentes del Poder Judicial, porque docentes en el Poder Judicial hay muchos, están los de planta pero hay muchos  otros.  También se utiliza la palabra podrán solicitar, o sea,  que no es que se les va a dar,  sino que podrán solicitar, como si fuera una opción.  Considera que eso realmente es injusto, porque no se toma en consideración la labor de esa persona que vino a dar una conferencia, así como el tiempo que utilizó para su preparación.

El Lic. Francisco dice que todos están de acuerdo que es injusto lo anterior, por lo que se debería pensar en cómo se soluciona.

El Dr. Chirino dice que independientemente de la decisión que se tome sobre esto, hay que proceder a la reforma reglamentaria y someterla a criterio técnico, ya sea al abogado de la Dirección Ejecutiva o del Departamento de Personal, porque eso implica una incidencia directa en los puntos de carrera profesional.

El Dr. Ardón se refiere al punto 3  sobre los “Requisitos para otorgar certificado”, en cuanto a la duración mínima, en la nota al pie de página dice: “Las horas se establecen tomando en cuenta la jornada laboral de ocho horas.  Por ejemplo para otorgar un certificado de aprovechamiento se toman como mínimo cuatro días de duración que equivale a 32 horas”.

En la realidad eso no es cierto porque muchas veces se puede pasar de esas ocho horas, si pensamos en lo que se ha venido insistiendo de dar conferencias, cursos fuera de las horas laborales y los sábados, no se podría ser estrictos en mantener una jornada laboral de ocho horas.

En la página  #6 del acta, Criterios para el cálculo de horas … -Elaboración de tareas o proyectos extraclase, la nota al pie de página #10 dice: “Debe tomarse en consideración el tiempo real disponible por el funcionario judicial para dedicarse al estudio de los cursos de la Escuela Judicial, y no excederlo, no indican qué es tiempo real. Si  pensamos que es una tutoría  que estamos haciendo de una educación a distancia, ese tiempo real no se mide, no tiene un parámetro para hacer ver eso.  Luego en la nota al pie de página #11 dice: “Un lector promedio lee de 200 a 240 ppm, para un 50 a 70% de comprensión.  Esto representa aproximadamente una página por minuto.  El estudio supone una lectura más lenta y cuidadosa e incluso, la relectura con fines de fijación en la memoria.” , se parte de un supuesto de lo que dura uno leyendo, pero no es lo que yo pueda durar leyendo, es lo que yo pueda aprovechar de la lectura y muchas veces hay personas que necesitan leer una o tres veces una misma cosa para aprovechar lo que se está diciendo, otros leen más rápido o más lento a los efectos del aprovechamiento, entonces ese real no tiene un parámetro para ser medido y esto se debe aclarar.

El Lic. González dice que ellos dijeron que no había forma de medirlo y en cada caso habría que hacer un aproximado para tratar de ser efectivos.

El Dr. Chirino dice que lo que pasa con el concepto de  créditos por ejemplo, se supone que por cada crédito que tiene la materia se supone dos horas de trabajo del estudiante, así un curso que tiene cuatro créditos requiere ocho horas del trabajo del estudiante.

El Dr. Ardón dice que eso es una problemática del diseño, pero el docente debe diseñarlo de esa manera previendo que no pueda durar menos de dos horas aunque el parámetro sea dos horas.

El Dr. Chirino dice que en el diseño del curso se debe decir el mínimo necesario para aprovechar el curso.

El Lic. Segura dice que si existe una medida para el aprovechamiento del estudiante,  puede haber una medida para la preparación del curso, ya que si para el aprovechamiento se necesitan dos horas por cada crédito de curso, entonces se podría decir que existen cuatro horas por cada curso impartido.

El Dr. Ardón dice que eso depende de ciertos parámetros ya que si es de investigación los tiempos cambian ya que es un proceso más largo, pero si es un tema del cual estoy familiarizado y se tiene la información eso reduce el tiempo.

El Dr. Chirino dice que se podría establecer un parámetro, pero se debe instar para que  esos cambios se introduzcan, por lo que es importante tomar una decisión.

El Dr. Ardón dice que en la página #8 del acta, sobre las  “Consideraciones”,  respecto a la primera, considera que eso es reconocer una inasistencia por lo que su posición personal es la de mantener la idea del 100% de asistencia.

El Lic.Horacio González dice que hay otras opciones ya que se dijo que no se iba a certificar menos de ocho horas, pero en este caso, es cuando  sobrepasa ese número y le parece que la  razón que dieron es que les dificulta llevar el control de si vinieron  8 horas,  10 horas, 12 horas ó 16 horas, entonces el certificado tendría que indicar que la persona  asistió a tantas horas, que no puede ser menor de ocho, pero si asistió 10-12 ó 15, le parece que la razón que se dio aunque fueron técnicas, le parece que son razones de conveniencia para mayor rapidez.

El Lic. Segura agrega que aquí  juega el interés del que se está capacitando y que se le certifique lo que realmente le corresponda, el que no asistió no le interesa y no hay que certificarle nada, sería en este caso al interesado al que verdaderamente cumplió.  Le parece  que se debe mantener la asistencia del 100%.

El Lic. Horacio González dice que de acuerdo con lo que planteó el Lic. Segura, el Ministerio Público piensa dar un programa que consiste en cinco cursos y solicitó que en esos casos se certifique los cursos que el participante realiza aunque no asista a todos, le parece que es igual con las conferencias.

El Lic. Jorge Segura aclara que son situaciones diferentes ya que si un participante que asista a ese programa que consiste en cinco cursos, ya ha realizado por ejemplo tres, no tiene sentido que los vuelva a llevar, pero es importante que realice los que no ha llevado.

El Dr. Chirino dice que esa es la diferencia pero que la otra es que la conferencia tiene un escaso valor pedagógico y que quizás solamente le da una luz al participante para tenerla como referencia para buscar o profundizar sobre un tema planteado pero no se puede decir que una conferencia lo preparó en determinado tema.

El Lic. Francisco Segura dice que le parece que se debería balancear las dos, ya que si no se tiene un adecuado control sobre la gente que participa habría que tomarlo en consideración.

El Dr. Chirino dice que en la entrada  del auditorio cuando se imparten charlas, siempre hay personal de la Escuela controlando la entrada para evitar que los participantes firmen por otro  y que no se retiren antes de concluir la charla.

La Mag. Calzada considera que es un buen control.

El Dr. Chirino agrega que respecto a los cursos el control es distinto sobre todo si hay un sistema de  evaluación.

El Lic. Horacio González dice que la razón que se había dado anteriormente era que se estaban dando certificados hasta por media hora y se consideró en su momento, que se estaban regalando, por lo que se dispuso dar solamente certificados por un mínimo de ocho horas.  Ahora resulta que están cambiando y no ve la razón de que ya no son ocho horas sino más de ocho horas sin haber cambiado el razonamiento de por qué se dieron ocho horas.  Le parece que son razones de conveniencia y no técnicas ya que no ha entendido la técnica.

El Dr. Chirino manifiesta que pesan más las razones de conveniencia debido a que difícil controlar eso, pero sí quiere aclarar que no son todos los casos de ciclos de conferencias que duran más de ocho horas, la única que se ha realizado por más tiempo es la del ciclo de conferencias de los japoneses que se aprobó y que realizado casualmente por la visita del Fiscal General de Japón que en  lugar de impartir cuatro  había programado cinco conferencias, pero que al final se tuvo que suspender una y no se tuvo ningún problema.  Pero qué pasa si una persona demuestra que llegó a cuatro y a la última no pudo llegar por  alguna razón, o fuerza mayor, entonces es aquí donde se plantea el problema.

El Dr. Ardón dice que una cosa es un curso y otra  una ponencia, una charla, una mesa redonda  o un taller con una duración menor de ocho horas, donde la participación consiste en introducir un tema y luego se retira, esto también necesita meditación.

Agrega que está de acuerdo con las manifestaciones de la posible desmotivación de los docentes que colaboran con la Escuela, la cual ha disminuido y si ahora se restringe el reconocimiento de la participación docente se tendría una mayor deserción.

El Dr. Alfredo manifiesta que respecto al punto uno de las consideraciones, la Escuela en este momento no podría certificar el exceso de las ocho horas por razones de contabilidad, evaluación y no contar con los recursos y el solo hecho de llevar los ciclos de conferencias representa para la Escuela mucho trabajo, sin embargo, se siguen realizando con mucho cariño ya que es de las actividades que manifiesta la existencia de la Escuela, ya que las demás actividades se realizan de forma interna  y nos conocen solo los que participan básicamente.

El  Lic. Francisco dice que si se realizan los ciclos de conferencia y no se certifican qué pasaría.

El Dr. Chirino dice que no asistiría nadie y el Dr. Ardón  explica lo que sucedió con los cursos que se planearon para preparar a los oferentes a la judicatura que eran certificados y que solamente llegaban cinco personas.

La Licda. Marta Muñoz considera que se podría pensar en un sistema menos rígido y tratar de que haya más flexibilidad, ya que habrá casos que sobrepasan las ocho horas y si se trata de un ciclo por qué no se hace una excepción, ya que piensa que no habría problemas para el que controla. 

La Mag. Calzada considera que no se puede dejar abierto un  portillo por las razones expuestas.

Respecto a la consideración #2 el Dr. Chirino dice que esto se debería hacerse de forma excepcional ya que no serían muchas, solo en el  caso de que el coordinador de la actividad académica  nos demuestre que existe necesidad y se fundamente ese exceso desde el punto de vista del diseño de la actividad académica.

El Lic. Jorge Segura está de acuerdo con que se cuente con un criterio del coordinador.

El Lic. Horacio González dice que los especialistas  dieron razones técnicas de por qué un curso de menos de una semana no se puede evaluar el  aprovechamiento de los conocimientos que se impartieron.

La Licda. Muñoz dice que la modalidad de taller es hacer propuestas después del taller y no es de aprovechamiento.

El Dr. Chirino manifiesta que el taller es una actividad que no se puede evaluar con examen, pero que se puede evaluar en cuanto a los productos que se obtienen.

La Licda. Muñoz dice que le parece que de un taller se puede obtener aprovechamiento aunque sea menor de 16 horas.   Según expresó el Lic. Horacio Gónzalez, la Máster Bermúdez  dijo que un taller de menos de 16 horas no tendría consecuencias positivas o aprovechamiento correcto, le parece que un taller puede tener menos de 16 horas.

El Dr. Chirino dice que esto no se puede decir a priori ya que se debe hacer tomando en cuenta criterios técnicos.

Respecto a la consideración #3  se remite a las observaciones ya hechas por todos y agrega que ellos lo que establecen es una diferencia entre los docentes que tienen permiso con goce de salario para esos efectos y aquellos que vienen específicamente a una actividad de la Escuela invitados por ellos, que no son necesariamente de planta o no tienen permiso, pero agregándole  las  horas de preparación ya que sobre esto no se tiene un criterio.

El Lic. Francisco Segura dice que se le podría solicitar a los especialistas de educación que establezcan ese criterio sobre las horas de preparación y a los abogados estudio sobre la incidencia legal que tiene en los reglamentos que tiene el Poder Judicial, incluyendo la Ley Contra la Corrupción y el  de  Enriquecimiento ilícito en la función Pública.

SE ACUERDA: 1) Respecto a la consideración #1 sobre los ciclos de conferencias que sobrepasan las 8 horas se aceptará en caso de ausencia  una justificación debidamente demostrada de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y será conocida y  aprobada solamente por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
2)  En cuanto a la consideración #2 sobre la aprobación y certificado de actividades académicas por  menos horas de las establecidas, se debe presentar  al Consejo Directivo de la Escuela Judicial para su autorización y aprobación de certificados el criterio técnico de las especialistas de educación debidamente fundamentado.
3)  Sobre la consideración #3,  previo a resolver en la próxima sesión, solicitar a las Especialistas de Educación que rindan un informe sobre los criterios   para reconocer las horas de preparación del curso por parte del docente y a los Abogados de la Escuela  un análisis  sobre el impacto legal que tendría  en los Reglamentos de Carrera Profesional, Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo la Ley Contra la Corrupción y el  de  Enriquecimiento ilícito en la función Pública. 4) Se comisiona a la Máster Ingrid Bérmudez y al Lic. Otto González Vílchez para que realicen los cambios solicitados al informe.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO III

El Lic. Ricardo Monge Bolaños, Secretario General Interino en oficio N°932-05 de fecha 9n de febrero del 2005, transcribe acuerdo tomado por la Corte Plena en la sesión N°39-04, celebrada el  27 de diciembre recién pasado, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XXIX

         Con instrucciones del Presidente, la Secretaría General remitió a estudio de los Magistrados Solano y Rivas, el oficio N° 50-CD/EJ-00de 10 de abril del 2.000, suscrito por el doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en que transcribió el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de dicha Escuela, en la sesión del 6 de ese mes, artículo V, que dispuso remitir a conocimiento de esta Corte, para el trámite correspondiente, el “Proyecto de Reglamento de Evaluación”.

         En la sesión verificada el 14 de junio del presente año, artículo X, se sometió a conocimiento el oficio N° PSC-0546-2004, suscrito por el Magistrado Solano, en que indicó que al encontrarse pendiente el diseño profesional del Programa de Formación Inicial para la Escuela Judicial, estimaba apropiado esperar lo que recomendaran sobre el tema los especialistas contratados al efecto pare rendir el informe citado. Al respecto esta Corte dispuso esperar a que se produzca la recomendación de los especialistas contratados a hizo alusión el Magistrado Solano, para que junto con el Magistrado Rivas rindieran el informe solicitado.

         Mediante oficio N° 11388-04 de 15 de noviembre recién pasado, la Secretaría General le solicitó al Magistrado Solano, que se sirviera indicar en qué estado se halla el proyecto.

         El Magistrado Solano, en oficio N° PSC-1361-2.004 de 26 de noviembre último, le expresó a la señorita Secretaria:

“Me refiero a su oficio Nº 11388-04, fechado el día 15 de los corrientes, por el que se me solicita indicar “en qué estado se encuentra” un Proyecto de Reglamento de Evaluación elaborado por la Escuela Judicial, y para cuyo estudio yo había sido comisionado.

Con todo respeto me parece que debo indicarle a Usted, y por su medio a la Corte Plena, que fue la que me hizo el encargo, que la situación en relación a este asunto no ha variado, pues no tengo conocimiento de lo que en relación al programa de formación inicial ha elaborado la empresa  consultora, ni a esta fecha sé cuál es el avance que haya en relación a ese asunto.

Como Usted bien me recuerda en su oficio, en junio anterior, la Corte Plena dispuso “esperar a que se produzca la recomendación de los especialistas contratados a que se refiere el señor Magistrado, para que rinda junto con el Magistrado Rivas el informe solicitado.”

Esto fue así, porque desde mi perspectiva el proyecto de reglamento que elaboró la Escuela habrá de ajustarse a los lineamientos con los cuales va a funcionar el programa de formación inicial y entonces la aprobación  deberá contar con ese valioso insumo, como  se estila decir en estos tiempos.

Pero lo que no he tenido a mi cargo, porque la Corte Plena no lo dispuso, ni creí que me correspondiera hacerlo, era instar a procurar el documento general (del programa de formación) elaborado o en elaboración de la empresa consultora, puesto que no sé siquiera quiénes tienen a su cargo tales responsabilidades.

En resumen, si es que en la Secretaría aparezco como moroso con la Corte, sobre lo cual discrepo, por las razones indicadas, sugiero que entonces que a través de la Secretaría General se pida a la Escuela que me facilite la información requerida para poder cumplir con el encargo que se me hizo.

Otra posibilidad, para salir de este impasse, es dejar sin efecto la Comisión encargada de estudiar este asunto y pedir directamente un informe al Magistrado o la Magistrada que en estos momentos esté a cargo de la Presidencia del Consejo Directivo de la Escuela y así entonces poder tomar una decisión, descargando la agenda de la Corte de asuntos antiguos, que evidentemente presiona el trabajo de la propia Secretaría.”

Agrega el Magistrado Solano: “Lo que sucede es que este es un asunto que viene de tiempo atrás, y aparece en la agenda de la Secretaría como pendiente, entonces me mandaron un recordatorio de que yo tenía el encargo, y digamos que estaba en mora con ese cometido, pero lo que hago ahora es recordarle a la Secretaría que en su momento, cuando se nos pasó este proyecto de reglamento de evaluación de la Escuela Judicial, lo que le dijimos a la Corte y ésta lo aprobó, es que sería conveniente esperar ya que estaba en curso la contratación de una consultoría para establecer un programa de formación inicial, esperar los criterios de evaluación que esa consultoría iba a proporcionar, para que entonces así la Corte tomara un acuerdo mucho más científicamente elaborado. Ahora estamos en la misma situación porque a pesar de que la Secretaría insiste en que se rinda el informe yo lo que le acabo de responder es que las condiciones permanecen exactamente igual, y si hubiera necesidad de darle una salida a este tema entonces que pidamos el aspecto específico de por donde va el tema de la consultoría en esta materia, o que la Presidenta o  el Presidente a cargo de la Escuela Judicial sea el que nos haga una propuesta. A mí me parece que debería oírse criterio técnico, este es un tema que se viene arrastrando de toda la vida, porque en la Escuela Judicial nunca han existido criterios de evaluación muy explícitos,  en realidad se trabaja con criterios muy flexibles, y eso incluso implicaba dificultades para que tipo de diplomas y certificados dar, con que consecuencias cada uno de estos certificados según la naturaleza de cada actividad que se realizaba en la Escuela, y como que no teníamos muchos elementos con base en el anteproyecto de reglamento que mandó inicialmente la Escuela. A mí me parece que ahora que hay un grupo de especialistas trabajando en ese campo valdría la pena escuchar el criterio de esos especialistas, para que la Corte tome una decisión “científica”.”
Expone el Magistrado Arroyo: “ Una pregunta y con disculpa previa, Magistrado Solano, entiendo que este dictamen sobre la evaluación ¿es con referencia al Programa de Formación inicial o en general?, porque sobre eso la judicatura costarricense ha dado algunas indicaciones que a mí me parece importante tomar en cuenta, y lo mismo que algunos de nosotros individualmente hemos hecho observaciones sobre lo que ha sido  el sistema tradicional de evaluación para la Carrera Judicial propiamente dicho, para la promoción de la gente, a distintos puestos superiores a los que ocupan, y creo que toda esa discusión fue parte de lo que ya en algunas otras oportunidades hemos tratado. Me parece que toda esa discusión no debería dejarse únicamente al criterio técnico, o por lo  menos los técnicos tomen en cuenta lo que ha dicho la Asociación de la Judicatura, las observaciones que algunos nos hemos permitido hacer en este tema, porque creo que el tema de alguna manera ha sido bien tratado y con cuidado por distintos sectores, nada más como para que el acuerdo que de aquí surja no obvie lo que han dicho sectores del Poder Judicial en este tema.”

Señala el Magistrado Aguirre: “Más o menos en el mismo sentido del Magistrado Arroyo. El tema de la evaluación de los jueces ha sido tratado en los talleres que se llevaron a cabo, y se considera también uno de los temas importantes dentro de  lo que es el sistema de Carrera Judicial, de tal manera que si tenemos pendiente una reforma a las estructuras normativas del sistema de carrera, pues obviamente que esto hay que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que tomemos decisiones o establezcamos competencias a órganos que nada tienen que ver con la carrera, un aspecto que va a incidir en ésta, yo creo que debemos actuar de tal manera que estas opiniones que ya se dieron sean tomadas en cuenta en la normativa que corresponde.”

Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “¿Que les parece si tomamos nota de la observación que nos hace el Magistrado Solano? Yo creo que sería conveniente que esperáramos a que el Programa de Formación Inicial cuente con sus reglas de evaluación, para que sean evaluadas por esta Comisión que hemos nombrado, y me parece también que le traslademos a ellos las observaciones de que da cuenta el Magistrado Arroyo y el Magistrado Aguirre.”

	 Adiciona el Magistrado Aguirre:  “Atendiendo a esto último que el señor Presidente plantea, a mí me parece que el tema de la formación inicial como una forma de ingreso al sistema de administración de justicia, hay que tratarlo de alguna manera de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, porque yo he oído ya que estoy en el Consejo de la Judicatura, hablar de un sistema de formación inicial, es decir, que van a crear reglas de evaluación, formas de ingreso al sistema de carrera, pero a nosotros nunca se nos ha preguntado nada, ni nos han tomado en cuenta para nada; quiere decir que se está creando un sistema paralelo de ingreso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora que el señor Presidente lo menciona yo quisiera agregarlo para que se tenga en cuenta que esto del ingreso al sistema de Carrera Judicial tiene un tratamiento de tipo legislativo, hay competencia legislativas, de manera que cualquier cosa que se haga si se quiere hacer dentro del marco de la normativa que tenemos hay que hacerlo con participación del órgano que está creado para administrar lo que se conoce como sistema de carrera. No vamos a tener al Consejo de la Judicatura haciendo el concurso para el ingreso y la Escuela Judicial también haciendo concursos para el ingreso, ¿y después cómo compaginamos toda esta cosa?.
Señala el Magistrado Solano: “Me parece que el tema es muy amplio y creo que al final es de reforma legislativa, a eso conduciría, de manera que aunque no aprobemos un reglamento aquí, si nos permitiría tener mayores elementos para cuando se haga la propuesta final, que no sé cómo se va a articular, pero que habrá que hacer, se incorporen esos elementos, lo que provenga de la consultora esta que ya arrancó funciones formalmente, lo que existe como dice el Magistrado Arroyo de parte de la ACOJUD que se ha pronunciado específicamente al respecto, y lo que pueda decir el propio Consejo de la Judicatura. Recordemos que en la propuesta que se aprobó, en los talleres que tuvo la Corte a lo largo de los últimos meses, era integrar un poco Consejo de la Judicatura dándole una relevancia distinta, una protagonismo diferente al que actualmente tiene, e incorporándole prácticamente a la Escuela como un órgano adscrito en coordinación, porque es un sistema o un subsistema que van a formar, pero al final estaríamos hablando de una gran reforma, no solo de un reglamentito de evaluación sino de una gran reforma para tratar todos estos temas de la Carrera Judicial.”
Indica el Magistrado Aguirre: “Yo en algún momento le había comentado esto, me parece que al señor Presidente y al Magistrado Arroyo, que en realidad las grandes modificaciones que se proponen tienen que ver primero que todo con el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, dándole mayores potestades, adscribiendo a la Escuela Judicial como un órgano que sirve al propósito de lo que es el sistema de carrera, eso es a nivel macro si se quiere hablar de una de las propuestas. Y  otra de las propuestas que se está haciendo es que se regule un sistema de formación como parte de lo que es l ingreso a la Carrera Judicial, y además el tema de las calificaciones, que no podemos verlo así puro y simplemente con ponerle una calificación a un juez cada año, sino que es más bien con todo un sistema de calificaciones y de valoraciones de la actuación de los jueces que sirva para su promoción dentro del  sistema. Yo les hablaba que por ahí se hizo un proyecto reglamento que me parece que tiene cosas importantes, que hizo una de las asociaciones de jueces,  pero no toca ninguno de estos aspectos, que precisamente es una normativa que hay que tratarla, como decía el Magistrado Solano, incluyendo ahí todos estos temas. Puede ser que convenga introducirlos de manera general para permitir a través de un reglamento tratarlos flexiblemente en el tiempo, en fin, pero esto es en conjunto  como lo decía el Magistrado Solano, una cuestión de reforma normativa, en la cual hay que tratar todas estas propuestas que se ventilaron en los talleres.”
Propone  el Presidente, Magistrado Mora: “¿Les parece que tengamos por recibida la observación que nos hace el Magistrado Solano, mantenemos la comisión que les hicimos en espera de que el programa de ingreso tenga la recomendación de su evaluación, y les solicitaríamos a la comisión que tome en consideración las observaciones de los Magistrados Arroyo y Aguirre al momento de hacernos su planteamiento?.

	Se dispuso: Acoger la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, y por ende tomar nota del informe que rinde el Magistrado Solano, y hacerlo de conocimiento de la comisión que elaborará el diseño profesional del Programa de Formación Inicial para la Escuela Judicial; a efecto de que tome en cuenta lo expuesto por los Magistrados Arroyo y Aguirre.”

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SE ACUERDA: Tomar nota.

DEFENSA PUBLICA:

ARTICULO IV

La Licda. Enriqueta Rojas Aguilar, Defensora de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública en oficio de fecha 15 de febrero de 2005 dice:

“Le envío los nombres de las tres personas que participaran en el taller sobre: “Resultados de investigación del Proyecto de Desarrollo Humano de Chicago, en el marco de la I Jornada de Actualización Profesional Continua, Por el Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a la Salud”, que se celebrará el día 18 de febrero, de las 8:00 horas a las 17:00 horas, en el Auditorio Principal del Hospital Nacional de Niños.  Esta actividad de forma integral tendrá una duración de 3 horas bajo la modalidad de participación, por lo cual le solicito respetuosamente que gestione la aprobación de esta nomina ante el Consejo Superior.

Discentes que participarán en el Taller

1. Licda. Nuvia Cunninghame Arana, cédula: 7-058-679, Defensa Pública de Limón.

2. Lic. Guiilermo Hidalgo Segura, cédula: 1-732-322, Defensa Pública de Heredia.

3.  Lic. Alejandro Montero Acuña, cédula: 1-810-529, Defensa Pública de San José. 

Esta actividad está organizada por la fundación Paniamor, el Hospital de Niños, el Hospital de Niños de Boston, entidad adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y la Fundación para la Cooperación CR-USA.  Se nos hizo invitación para que participaran tres personas de la Defensa Pública que laboren en Penal Juvenil.  La invitación nos llegó hasta el viernes 11 de febrero y por ello hasta el día de hoy estamos pidiendo aprobación del Consejo para que participen los y la defensora escogida.  
Es de suma importancia que las personas designadas reciban esta capacitación debido a la alta calidad que tiene el taller, además que lo dirige el Dr. Enrico Mezzacappa, Profesor Asistente de Psiquiatría, de la Universidad de Harvad ,  profesional con gran prestigio a nivel internacional por su solidez teórica y práctica en el tema.
Es un espacio importantísimo porque por el tema que contiene el taller, los y la profesional que participan obtendrán conocimiento en relación con el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia como marco ético, del desarrollo humano con equidad como marco conceptual; y de la promoción de la salud como estrategia, en las políticas y programas de los sistemas públicos costarricenses.  Será una herramienta más de conocimiento y práctica que les permitirá a las personas designadas para asistir, aplicarlas en su trabajo y a continuar así con la lucha de los derechos y garantías de los niños (as) y adolescentes  que utilizan los servicios de la Defensa Pública.
La participación de los y las  discentes del  curso en mención, según la lista anteriormente detallada, es sin sustitución, con goce de salario y en el entendido de que los despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para que la prestación del buen servicio público no se vea afectada y sin que se suspendan debates ni diligencias previamente programadas para esas fechas, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgente del despacho, en caso de ser necesario. “
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SE ACUERDA: Aprobar la participación de los defensores mencionados al taller sobre “Resultados de investigación del Proyecto de Desarrollo Humano de Chicago, en el marco de la I Jornada de Actualización Profesional Continua, por el Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a la Salud”, a realizar el 18 de febrero de 2005 de 8:00 horas a las 17:00 horas en el auditorio del Hospital Nacional de Niños.  Comunicar al Consejo Superior para la autorización del permiso con goce de salario sin sustitución, asimismo se informa que la solicitud planteada fue recibida en la Escuela Judicial el día 15 de febrero del año en curso.  ACUERDO FIRME.

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL

ARTICULO V

El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General a.i. del Organismo de Investigación Judicial, en oficio 0114-DG-05 de fecha 15 de febrero del 2005 dice:

“En cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N°04-05 a través del Artículo LVII, referente a  que todas las invitaciones para capacitación  deben ser canalizadas previamente por medio del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, es interés del suscrito hacer de su estimable conocimiento que el Lic. Fernando Sánchez Chacón, Jefe de la Delegación Regional de Puntarenas, remitió a esta Dirección General el oficio N°081-05-DRP, del cual se adjunta la copia respectiva, y en el que comunica la invitación que recibió del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington DC, por medio de la Embajada de los Estados Unidos, para asistir al curso de Planificación y Administración de Recursos de Defensa.

La actividad se llevará a cabo en los Estados Unidos del 04 al 22 de abril, para lo cual esta Dirección General considera valiosa la participación del Lic. Sánchez Cordero, y en virtud de ello es interés del suscrito, solicitar la gestión ante el Consejo Superior para otorgar el permiso con goce de salario por los días comprendidos entre 3 y el 23 de abril próximo, ya que se contemplan los días necesarios para su traslado.

Asimismo, tal y como se indica en las copias adjuntas, el Centro de Estudios  asumirá la totalidad de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación.”  

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SE ACUERDA:  Aprobar la participación del Lic. Fernando Sánchez Chacón, Jefe de la Delegación Regional de Puntarenas al curso “Planificación y Administración de Recursos de Defensa” a realizar en Estados Unidos del 4 al 22 de abril de 2005.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario con sustitución del 3 al 23 de abril de 2005.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO VI

El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General a.i. del Organismo de Investigación Judicial, en oficio 0106-DG-05 de fecha 11 de febrero del 2005 dice:

“Con el respeto que se merecen me permito elevar a consideración de ese Consejo Directivo, la invitación cursada por el Dr. Carlos Samayoa, Representante de la Organización Panamericana de la Salud, para que cuatro servidores de este Organismo participen de un Taller de Validación del Material de Capacitación del Manual de Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre.

Dicha capacitación es muy importante para el OIJ, razón por la cual les solicito de la manera más atenta se valore esta invitación, a fin de que los siguientes servidores puedan participar de la misma:

•	Manuel Ernesto Durán Castro, Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios.
•	Diana Cano Canessa, Médica de la Sección de Patología Forense.
•	Marcos Badilla Bermúdez, Investigador de la Regional del OIJ en Liberia.
•	Olman Jiménez Montero, Investigador de la Regional del OIJ en Alajuela.”

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El Lic. Francisco presenta nota COR-PED-8500-5589-05 del 14 de febrero en curso que remitió el  Dr. Carlos Samayoa  avisando que se suspende el curso anterior hasta nuevo aviso.

SE ACUERDA: Tomar nota.
MINISTERIO PUBLICO:

ARTICULO VII

El Lic. Francisco Dall’ Anese Ruiz, Fiscal General de la República remite copia del oficio FGR-0118-2005 de fecha 8 de febrero de 2004  que envió a la Sra. Ana Helena Chacón Echeverría, Viceministra de Seguridad Pública que dice:

“Me refiero al oficio MSP-AHM-0164-2005, suscrito por Ud. el día 7 de febrero de 2.005, por el que extiende una gentil invitación al Ministerio Público, para designar un Fiscal Penal Juvenil como participante de la capacitación denominada “Regionalización de la Unidad Penal del Ministerio de Seguridad Pública”, a realizarse del 14 al 18 de febrero de 2.005.

Sobre el particular debo manifestarle que de conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en Artículo LVII de la sesión 04-05 celebrada el 27 de enero de 2.005, “… dispuso comunicar a todos los despachos del Poder Judicial, incluyendo los del Ministerio Público… que todas las invitaciones para capacitación de sus servidores… deben ser canalizadas, previamente a someterlas a conocimiento de este Consejo, pro medio del Consejo Directivo de la Escuela Judicial…”.

Dada la proximidad del evento, es imposible tramitar en tiempo las autorizaciones del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y del Consejo Superior del Poder Judicial, por lo que lamentablemente debo declinar la invitación; esta vez no podremos tener el intercambio y enriquecimiento inter-institucional de otras ocasiones.”
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SE  ACUERDA:   Tomar nota.

ARTICULO VIII

El Lic. Francisco Dall’ Anese Ruiz, Fiscal General de la República remite copia del oficio FGR-0120-2005 de fecha 8 de febrero de 2004  que envió al Consejo Superior y dice:

“Me refiero al acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en Artículo LVII de la sesión 04-05 celebrada el 27 de enero de 2.005, que en lo conducente “… dispuso comunicar a todos los despachos del Poder Judicial, incluyendo los del Ministerio Público… que todas las invitaciones para capacitación de sus servidores… deben ser canalizadas, previamente a someterlas a conocimiento de este Consejo, por medio del Consejo Directivo de la Escuela Judicial…”.

De la manera más respetuosa me permito solicitar revisión del acuerdo, por las razones que a continuación expongo:

Desde el inicio de mi gestión como Fiscal General de la República, me he dado a la tarea de solicitar cooperación en materia de investigación criminal en general, a las legaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América, Francia y España. Ya se han recibido cursos importantes de parte de las dos primeras. Sin embargo, son muchos los casos en que la coordinación para asistir a cursos regionales ─impartidos en otros países del área─ se hace con muy poco tiempo, por lo que el trámite ante el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y el Consejo Superior del Poder Judicial tornaría imposible aprovechar la ayuda internacional. La Secretaria General del Poder Judicial, licenciada Silvia Navarro Romanini, es testigo de la premura con que a veces hemos solicitado algunas autorizaciones del Consejo Superior, que siempre han sido satisfechas.

Por otra parte, sin que pretenda demeritar la excelente labor de la Escuela  Judicial ─y menos propiciar un roce con el Consejo Directivo o con su Director─, hago ver la línea de reconocimiento de independencia del Ministerio Público seguida por la Corte Suprema, lo que debería implicar que este órgano es el llamado a determinar las necesidades de formación de su personal, para reaccionar eficiente y eficazmente ante las necesidades impuestas por la criminalidad.

Ruego, en consecuencia, revisar el acuerdo de cita, para revocarlo o para flexibilizarlo, de modo que pueda recibirse la cooperación extranjera.
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO IX

La Licda. Andrea Murillo Fallas, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General de la República, en oficio N°138-FGR-2005 de fecha 8 de febrero de 2005 dice:

“Con instrucciones del señor Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República, se remite para su conocimiento la invitación extendida por la Organización Panamericana de la Salud al “Taller de Validación del Material de Capacitación de Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre” a realizarse del 28 de febrero al 1 de marzo próximo.

El señor Fiscal General ha designado para participar en el evento a los señores Mauricio Boraschi Hernández, Fiscal de la Fiscalía General y Silene Castro Vindas, Fiscal Coordinadora de Delitos Contra la Vida y la Integridad Física.

Se solicita remitir con carácter de urgencia la presente invitación al Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia para que la someta a conocimiento con la finalidad de que sea aprobada.”
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El Lic. Francisco Segura, Subdirector del Organismo de Investigación Judicial informa que tiene una nota para el Lic. Jorge Segura Román que le remitió la Organización Panamericana de la Salud, avisándoles que el curso en mención se suspende por razones de fuerza mayor  y que en el momento oportuno cuando que se disponga nueva fecha se le comunicará.

SE ACUERDA:  Dejar sin efecto la solicitud anterior  por las razones mencionadas y ponerlo en conocimiento del  señor Fiscal General de la República.  ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las diez horas con veinticinco  minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL